Triste es pedir, pero aún más triste es robar

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La digitalización altera la realidad de todo tipo de negocios analógicos. Para combatir tan incómoda circunstancia sus responsables tienen dos opciones: cambiar ellos para adaptarse a la nueva realidad, o deformar la realidad a machamartillo hasta conseguir que ésta encaje en sus esquemas. Lo triste es que algunos piden; lo más triste es que otros pretenden robar.

The Guardian es un periódico británico que intenta cambiar para adaptarse a la nueva realidad. Su modo digital de entender el periodismo cosecha grandes éxitos de audiencia pero no se traducen en rentabilidad económica. Sus responsables parecen haber sufrido una regresión adaptativa y ahora piden gravar con un impuesto de dos libras por usuario a las operadoras de telecomunicaciones. Fue el pasado 23 de septiembre cuando David Leigh, jefe de investigación del periódico, lo propuso en un artículo (traducción propia):

Una tasa de 2 £ en los servicios de banda ancha –que los proveedores del Reino Unido […] añadirían a las facturas de los consumidores– recaudaría anualmente más de quinientos millones de libras esterlinas. Podría ser recogido por un organismo independiente, como ya se hace con la cuota de licencia televisiva de la BBC y redistribuido automáticamente a los proveedores de noticias según su audiencia on-line en el Reino Unido.

Fácil ¿verdad? Como soy incapaz de digitalizar mi negocio hasta hacerlo rentable, me invento un impuesto para conseguir que todos los usuarios de banda ancha me paguen el chiringuito. Sería una tasa muy regresiva porque se aplicaría a todos los usuarios de banda ancha, fueran o no lectores de prensa on-line o en papel. Aludir a la tasa televisiva de la BBC es tramposo: la BBC es patrimonio de todos los británicos y su tasa sólo se aplica aquellos que tienen televisor; no es regresiva porque quien no tiene televisor, no contribuye. En España pasa lo mismo con el impuesto de circulación: sólo lo paga quien tiene vehículo propio.

Luego está el recurso a la lagrimita mediante la enésima alusión al periodismo como garante de la democracia, aquello tan manido de como con mi trabajo contribuyo al mantenimiento de las libertades merezco patente de corso para tener cuantas pérdidas sean necesarias. La cosa no puede ni debe funcionar así por las siguientes razones:

• Es un freno a la innovación. Impide que otros vayan más allá de las fórmulas conocidas para rentabilizar las nuevas tecnologías. En un contexto empresarial fuertemente subvencionado los incentivos a la innovación disminuyen o incluso se inhiben. La subvención no es mala por sí misma, sino según cómo se aplique.

• Es injusto socialmente. Seria deseable que todos los ciudadanos se informaran debidamente para formarse una opinión lo más rica posible pero muchos no quieren. Da igual el por qué, muchos pasan de la realidad que les circunda y se conforman con las consignas que les sirven ciertos líderes de opinión ¿Deben pagar estos ciudadanos por un producto que no consumen? No, a no ser que el nuestro deba ser un sistema de despotismo ilustrado.
• Es arbitrario y jurídicamente inseguro. ¿Por qué proteger la prensa privada mediante un impuesto ad hoc y no hacerlo con otras industrias de contenidos? Si cada lobby de creadores de contenidos viniera pidiendo su parte no estaríamos hablando ya de 2 libras esterlinas, sino quizás de 20 o 200 £ a sumar al coste anual de la banda ancha doméstica.¿Dónde está el límite?
• La democracia depende de todos. La democracia no es una dádiva de losdearriba para losdeabajo. Tan garante de la democracia es un periódico como cada uno de sus lectores o, incluso, cada uno de los que nunca leen periódicos. Cada ciudadano debe ser un baluarte democrático para lo cual es imprescindible que sepa pensar. Los periódicos pueden tener su papel en eso, pero también pueden hacer todo lo contrario. Editar un periódico no lo convierte a uno en paladín de libertades, como ya nos demostraron Mólotov y Goebbels hace tiempo; todas las dictaduras tienen su prensa oficial. Dejar la tutela de la democracia en manos de los periódicos por un módico precio es el inicio de su pérdida.

Hasta aquí un caso en lo que lo triste es que una grupo de comunicación privado tenga que pedir. Ahora veremos otro caso en el que lo que se intenta es, pura y simplemente, robar y que, además de mala fe demuestra una grave falta de imaginación.

La Unión Europea está considerando la posibilidad de gravar con una tasa los servicios de almacenamiento en la nube. Dicha tasa iría destinada a los autores mediante las agencias de derechos –como la SGAE. La idea es sencilla: si los usuarios cada vez almacenan menos contenidos en soportes físicos y más en la nube, el canon que hasta ahora se cobra a los soportes debería cargarse a la nube. Esto genera, como mínimo, tres problemas:

• Presume la culpabilidad del usuario. Someter la nube a un canon es presumir que todo usuario es un delincuente en potencia, presto a saltarse a la torera los derechos de cuanto autor se cruce en su camino. Ya sabemos que eso no es así.

• Cuestiona el derecho a copia privada. Todo usuario debe tener el derecho a realizar copias privadas de un contenido para poder disfrutarlo en diferentes soportes. Es lo que sucede cuando compramos un CD de música –quien todavía lo haga– y convierte su contenido a MP3 para escucharlo en su iPod. Según la iniciativa en estudio almacenar ese contenido en la nube estaría sometido a un coste, del mismo modo que ahora hay un coste añadido cada vez aque compramos un CD virgen, un pendrive o cualquier otro soporte físico.

• Compromete la viabilidad de los servicios gratuitos: en la nube podemos encontrar todo tipo de servicios gratuitos de almacenamiento, como por ejemplo Dropbox o Skydrive. Imponer un canon a dichos servicios compromete su viabilidad añadiendo un coste operativo que ahora no deben afrontar. Del mismo modo que no podemos presumir la culpabilidad de un usuario hasta que se demuestre lo contrario, no podemos suponer que tras un servicio gratuito de almacenamiento se esconda un delito.

Las entidades de gestión de derechos han mostrado un vivo interés, por no decir que han sido estas quienes han promovido el estudio de la UE. Aducen que el canon sería tan reducido que no desincentivaría el uso de los servicios de pago de la nube. Pero que una tasa sea reducida no implica que sea justa, del mismo modo que un castigo no es menos injusto aunque la pena aplicada sea leve.

The Guardian y todos aquellos medios que proponen cosas parecidas no parecen empujados por la mala fe, sino por los números rojos, por negocios periodísticos que no están acertando en su conversión al entorno digital. El caso de los gestores de derechos es distinto: amparados en un monopolio de dudosa legalidad y practicando un capitalismo de amiguetes, sus intenciones sólo pueden calificarse de depredadoras. Sea como fuere, dos ejemplos de entidades privilegiadas en el mundo analógico que llevan muy mal su adaptación a la nueva realidad digital. Triste es que pidan, pero más triste es que roben.